Ley de Movilidad Sostenible: obligaciones del transporte
Qué obliga de verdad la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible a quien mueve mercancías por carretera: el documento de control digital desde el 5 de octubre de 2026, los planes de movilidad al trabajo y cómo encaja con el reglamento europeo eFTI.
18 de junio de 2026

Cuando se habla de la digitalización obligatoria del transporte por carretera, prácticamente siempre aparece idéntica fecha: el 5 de octubre de 2026. Procede de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre.
Conocer su contenido exacto permite diferenciar la obligación jurídica del ruido comercial que habitualmente la rodea. Esta guía explica qué exige a cargadores y empresas de transporte, qué documentación queda excluida y cómo encaja con la normativa europea.
Qué es la Ley de Movilidad Sostenible
Es la norma estatal que ordena la política de movilidad según los compromisos climáticos, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, inmediatamente después de su publicación oficial.
Buena parte de su articulado se dirige a las administraciones públicas, no directamente a las empresas privadas. Su título VI, dedicado a las mercancías y la logística, encarga a la Administración estacionamientos seguros para camiones y una red de nodos logísticos.
Para un operador de transporte, las obligaciones directas son escasas, aunque perfectamente delimitadas. La más importante aparece en una disposición transitoria, y precisamente esa disposición ha determinado el calendario de todo el sector.
La obligación clave: el documento de control 2026
La disposición transitoria octava establece que el documento de control administrativo de la Orden FOM/2861/2012 será necesariamente digital. El plazo es de diez meses desde la entrada en vigor, de modo que vence el 5 de octubre de 2026.
Quien busca «documento de control 2026» suele querer confirmar si la obligación ya está vigente, y efectivamente está plenamente vigente. Desde esa fecha la documentación en papel no sirve para el documento de control, y no existe periodo transitorio sin sanción.
La misma disposición digitaliza la hoja de ruta del transporte público de viajeros, regulada en la Orden FOM/1230/2013. Son los dos únicos documentos que la ley convierte en obligatoriamente digitales, y la carta de porte no figura entre ellos.
Qué debe llevar el documento de control digital
La ley fija la fecha, y el formato de los documentos de control administrativo lo concreta una resolución de junio de 2026. Esa resolución (BOE-A-2026-12784) exige un PDF nativo generado desde datos estructurados, nunca un escaneo.
- Un fichero PDF de cinco megabytes como máximo, con la fecha de creación y de modificación en sus metadatos.
- Un código QR incrustado que enlace a una dirección única, accesible sin contraseña ni botones de descarga intermedios.
- Una copia en poder del conductor antes de iniciar el servicio de transporte, en el teléfono móvil o impresa.
- Conservación durante un año como mínimo por parte del cargador contractual y del transportista efectivo.
En cuanto al contenido, el artículo 6 de la Orden FOM/2861/2012 exige identificar al cargador contractual y al transportista efectivo. También exige el origen y destino, la naturaleza y el peso de la mercancía, la fecha de realización y la matrícula correspondiente.
Un detalle que numerosos proveedores omiten es que el DeCA no necesita firma para considerarse válido. Lo confirma la propia resolución, y en carretera los códigos QR permiten a los agentes verificarlo inmediatamente.
A quién afecta la obligación
El DeCA acompaña al transporte público de mercancías por carretera dentro del territorio nacional, incluido el cabotaje. Afecta a cualquier empresa que contrate o realice esos servicios, independientemente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social.
- Cargadores contractuales, es decir, quien contrata el transporte, incluidas agencias, transitarios y operadores logísticos.
- Transportistas efectivos, que son las empresas de transporte y los autónomos que realizan materialmente el viaje.
- Operadores de transporte que subcontratan, porque actúan como cargador frente al transportista que ejecuta el servicio.
En la práctica, si emitías el documento en papel, desde octubre de 2026 tienes que generarlo en formato digital. El transporte internacional, que sigue documentándose con CMR, queda excluido de esta obligación específica.
Lo que la ley no obliga a digitalizar
La confusión más frecuente consiste en suponer que la ley obliga a emitir electrónicamente la carta de porte. No es así, porque la Ley 15/2009 únicamente permite ese formato cuando ambas partes están conformes.
Lo mismo sucede con el eCMR, que es la alternativa electrónica voluntaria al CMR internacional. Por otra parte, una carta de porte completa puede funcionar como DeCA si incluye todos los datos del artículo 6.
Otras obligaciones: planes de movilidad sostenible
La segunda obligación con plazo afecta a cualquier sector económico, no únicamente al transporte. El artículo 26 exige planes de movilidad sostenible al trabajo en centros con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno.
El plazo es de doce meses desde la entrada en vigor, por lo que vence el 5 de diciembre de 2026. Los planes se negocian con la representación de los trabajadores y requieren un informe de seguimiento periódico cada dos años.
La ley modifica además la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en varios artículos. Entre otros cambios, exime de autorización el transporte en vehículos cuya velocidad máxima no supere los cuarenta kilómetros por hora.
Cómo encaja con el reglamento europeo eFTI
El Reglamento (UE) 2020/1056, conocido como eFTI, regula la información electrónica sobre el transporte de mercancías en la Unión. Desde el 9 de julio de 2027, las autoridades deberán aceptar la información recibida mediante plataformas certificadas.
Para las empresas, eFTI es voluntario, y el reglamento europeo no impide utilizar papel donde la norma de cada documento lo permita. La resolución española incorpora una conexión relevante: si los datos se gestionan con el esquema eFTI, no es necesario presentar el DeCA ordinario.
En definitiva, España ha adelantado una transformación que Europa plantea de forma voluntaria y progresiva. La digitalización transporte que hoy exige la legislación española prepara a las empresas para el intercambio de datos europeo.
Qué pasa si no se cumple
Circular sin documento de control o sin datos esenciales es infracción grave del artículo 141.17 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Desde octubre de 2026 eso incluye transportar únicamente la versión en papel.
Las cuantías y los responsables dependen de cada caso, y los explicamos en la guía sobre multas por no llevar el documento de control. Cualquier normativa transporte con fecha conviene abordarla como un proyecto reducido y anticipado.
Porteo genera el DeCA como PDF nativo con código QR de descarga directa, preparado para mostrarlo en un control. Firmarlo es voluntario, porque la normativa no lo exige.
Preguntas frecuentes
¿Qué obliga la Ley de Movilidad Sostenible al transporte de mercancías?
Obliga a que el documento de control administrativo sea digital desde el 5 de octubre de 2026, según su disposición transitoria octava. El resto de su título sobre mercancías encarga actuaciones principalmente a las administraciones.
¿La carta de porte tiene que ser electrónica por esta ley?
No, la Ley 9/2025 no obliga a digitalizar la carta de porte, que puede seguir en papel. La Ley 15/2009 solo permite el formato electrónico cuando cargador y transportista acuerdan utilizarlo.
¿El documento de control digital necesita firma?
No, el documento de control no exige firma para ser válido, según la resolución publicada en junio de 2026. Lo que sí exige es un PDF nativo con un código QR de descarga directa.
¿eFTI es obligatorio para las empresas de transporte?
No, eFTI no obliga actualmente a las empresas a utilizar plataformas electrónicas certificadas. Establece que, desde el 9 de julio de 2027, las autoridades aceptarán los datos procedentes de plataformas certificadas.
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